El Gobierno retiró la contrarreforma de la ley del aborto pilotada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardónsupuestamente por falta de consenso social. Así lo justificó en su día Mariano Rajoy, pero el sucedáneo con que la ha sustituido no va a suscitar más entusiasmo. Tras meses de vacilaciones, el grupo parlamentario popular registró ayer la minirreforma también anunciada por el presidente del Gobierno, que consiste en arrebatar a las adolescentes de 16 y 17 el derecho a abortar sin el consentimiento de los padres. Los grupos de la oposición respondieron con un rechazo similar al generado por la ley Gallardón, mientras los antiabortistas que jalearon esta consideran una «burla» su secuela.
El Gobierno se ha inclinado finalmente por tramitar el cambio legislativo a través de su grupo parlamentario para garantizarse una rápida aprobación al eludir los informes del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. El objetivo del PP es que la ley pueda entrar en vigor antes del verano o, a más tardar, a tiempo de ser aprobada en el corto periodo de sesiones que se abrirá al final de la legislatura.
Si se considera necesario se recurrirá incluso a la tramitación por la vía de urgencia, según admitió el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, durante la presentación de la iniciativa. Un primer intento de vehicular la reforma a través de la ley de Protección a la Infancia promovida por Sanidad fue rechazado precisamente por el Consejo de Estado al no tener esta última norma carácter de ley orgánica.
Artículo de supresión
La proposición de ley consta solo de dos artículos. El primero suprime el apartado 4 del artículo 13 de la vigente ley del aborto, que establece que «en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad». El segundo se limita a adaptar la ley del paciente al cambio.
El texto no introduce cautela alguna sobre las menores que tengan una situación de violencia o vulnerabilidad familiar que al fin y al cabo son las que abortan al margen de sus progenitores. Según Hernando, pasarán a tener el mismo régimen que tienen hoy las niñas de hasta 15 años. «Si hay conflicto con los progenitores, se resolverá como se resolvía para estas últimas, a través de la aplicación del Código Civil», recurriendo a los tribunales, apuntó.
Desamparo
El «desamparo» en el que quedarán estas adolescentes es la principal crítica lanzada ayer por la asociaciones de mujeres, que alertaron de que ahora «se verán abocadas al aborto clandestino». El 87% de las chicas de 16 y 17 años que abortan lo hacen acompañadas de sus padres o tutores, según una encuesta de las clínicas acreditadas para efectuar abortos. De las 913 chicas de 16 y 17 años que interrumpieron su embarazo en 22 clínicas entre enero y septiembre del pasado año, 113 lo hicieron sin conocimiento de sus padres (el 12% del total). Alegaron para ello desamparo o desestructuración familiar, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, entre otras razones.
La oposición, desde UPD a IU pasando por el PSOE, acusaron al PP de intentar recuperar a su electorado más conservador «utilizando» para ello «la libertad de las mujeres», en palabras de la socialista Carmen Montón.
El PP confia en poder abrir algún tipo de brecha interna en las filas socialistas. De ahí que el portavoz del PP instara ayer al PSOE a dar libertad de voto.
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, declaró que la propuesta del PP «certifica el fracaso» del Gobierno a la hora de «cumplir su compromiso» de derogar la ley actual y anunció que se mantiene la manifestación de protesta convocada para el 14 de marzo.