El Gobierno Rajoy-Soraya ya ha puesto en marcha el plan B, la ‘píldora del día después’, para el engorroso asunto de la reforma de la ley del aborto de Gallardón que tanto les estaba pesando. Una vez que las encuestas de Arriola han demostrado a todo el que tiene opinión y voto en Moncloa que poner en marcha el proyecto del ministro de Justicia iba a significar otro desgarro en sus expectativas electorales, el número uno y la dos del ejecutivo han decidido ‘revivir’ el embrión que mantenían congelado en los archivos del Tribunal Constitucional: el recurso que plantearon ante la ley de interrupción del embarazo del Gobierno ZP.
El plan B que Soraya llevó al Vaticano
Su intención no declarada, claro, es salvar así también la cara ante los ‘ultra antiabortistas’ y poder mantener ante su electorado más ‘religioso’ lo que sus tertulianos ya han comenzado a insinuar y seguramente venderán de manera intensa en las próximas semanas: el compromiso programático del PP era modificar la ley ZP, reformar aspectos, pero no acabar con ella.
En fuentes jurídicas se ha asegurado a ELPLURAL.COM que éste era el mensaje que llevó Soraya Saénz de Santamaría este lunes al Vaticano: habría reforma de lo que consideran demasiado permisiva ley de Zapatero. La habría, eso sí, vía reforma de la actual ley.
El todopoderoso presidente del Constitucional, Pérez de los Cobos
Para el Gobierno hacer esto resulta muy sencillo. El presidente del Constitucional, y antiguo miembro del PP, Francisco Pérez de los Cobos, tiene la facultad de subir y bajar los expedientes en el listado del Tribunal y colocarlos cuando quiera en el orden del día. El tema del aborto, estaba ahora muy en el fondo del cajón.
El propio Pérez de los Cobos en una entrevista de El Mundo el pasado mes de abril tenía poco reparo en reconocer que no había introducido hasta ahora el asunto en el orden del día del Tribunal “por una razón de prudencia”. “Quienes plantearon el recurso contra la ley vigente -argumentaba- fueron los diputados del PP, que tiene mayoría parlamentaria, que ha dicho con reiteración que va a cambiar la ley y que, por consiguiente, tiene en su mano conjurar los problemas de constitucionalidad que la norma le planteaba”.
Dar impulso al embrión para convertirlo en nasciturus
Pero ahora en Moncloa han decidido abortar la nueva ley, y es el momento de continuar con el desarrollo del recurso, que quedó congelado en embrión, para que pase a ser nasciturus. Pérez de los Cobos tenía claro qué hacer antes, igualmente tendrá claro qué hacer ahora. Si no habían resuelto, dijo el magistrado no era por “una situación de desidia. No hay tal. Hay voluntad de no interferir en el proceso legislativo”.
Lo que va a suceder ahora, nos dicen “es blanco y en botella: el gobierno ‘popular’ tiene una mayoría muy amplia de jueces conservadores en el Alto Tribunal que les asegura un resultado favorable a sus intenciones…, paralizada la iniciativa política, se reactiva la judicial”.
El calendario para el nacimiento
¿Cuándo sucederá este movimiento que lleve a que el Constitucional resuelva ‘a la carrera’ un asunto que lleva en el limbo de los no nacidos desde que en junio de 2010 lo presentó el PP tras movilizar manifestaciones masivas? Evidentemente, dicen nuestras fuentes, con suficiente antelación a las elecciones municipales y autonómicas de mayo para que devengue su cuota de apoyos. Y desde luego, semanas después de que ya se haya hecho reconocimiento público de que Gallardón no llegará a dar a luz su ley… O sea, un tiempo prudencial para evitar que parezca demasiado descarado que todo está convenientemente apañado. “Finales de este año, principios de 2015 parece el momento adecuado”, nos dicen.
La previsión es que el Constitucional dictamine las ‘inconstitucionalidades’ suficientes en el texto de la actual ley para modificar aquellos aspectos que resultaban más controvertidos. Quizás el más publicitado, la capacidad de una menor de 16 años para decidir sobre la interrupción de su embarazo sin consentimiento paterno.
Para la oposición resultaría más difícil atacar al Gobierno y al PP con una decisión del Constitucional que con una decisión política
En las mismas fuentes jurídicas se nos apuntan las ventajas políticas que para el Gobierno podría acabar por tener el asunto. Resultaría más embarazoso para grupos feministas y de la izquierda contestar una resolución del Constitucional, que en principio hay que creer que viene justificada en la Constitución, que una generada en el Gobierno por motivos políticos. Por otro, aunque ya el desgaste está hecho, servirá, utilizando convenientemente los medios de comunicación afines, para mantener que el PP ha cumplido su compromiso.
En lo que no deja de ser un giro irónico al asunto, en toda esta operación podría acabar resultando que, junto al destrozo de los derechos a decidir de la mujer, de las filas del PP propiamente dicho, el único ‘material’ que acabaría quedando desechado sería el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.