El Ministerio de Justicia cree que la reforma de la ley del aborto, que solo permitirá la interrupción del embarazo en caso de violación o grave peligro para la salud física o psicológica de la mujer, tendrá un "impacto neto positivo" en la economía porque derivará en un incremento de la natalidad. Este es uno de los argumentos que el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón recoge en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que acompaña al polémico anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros a finales de diciembre.
El documento, que maneja datos y tablas desactualizadas, también justifica la reforma por la "no disminución" del número de abortos con la actual ley —que permite a la mujer interrumpir su embarazo sin tener que alegar ninguna razón hasta la semana 14 de gestación—. Un argumento que desmienten las últimas cifras del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, que en su último informe —hecho público a finales de diciembre pero que estaba terminado semanas antes— constata que las intervenciones disminuyeron un 5% con la ley que entró en vigor en 2010 y que ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende derogar.
La memoria, que se ha enviado a algunos organismos junto con el anteproyecto de ley para su análisis, matiza que la finalidad "primordial" de la reforma no es económica. Y aunque menciona el impacto económico derivado del incremento de la natalidad por la supuesta caída en el número de abortos , sostiene que esta clave es difícilmente cuantificable. Tampoco analiza Justicia el que sí podría ser un punto de impacto económico de su reforma: el coste para los servicios de salud de esta intervención. La interrupción voluntaria del embarazo es una prestación incluida en la cartera básica de servicios de la sanidad pública, y por tanto son las comunidades autónomas quienes la financian; la mayoría de ellas a través de conciertos con clínicas privadas, que realizan el 90% de estas intervenciones. La nueva ley no saca el aborto de la cartera básica pero si, reduciendo los supuestos permitidos y debido a las trabas burocráticas, se reduce el número de intervenciones en los canales establecidos esto sí generará un impacto en los presupuestos sanitarios.
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La memoria, que ha adelantado la Cadena Ser, apunta también que el anteproyecto de ley tiene un impacto positivo en las personas con algún tipo de discapacidad porque al suprimir el supuesto que actualmente permite interrumpir el embarazo en casos de anomalía fetal grave "elimina el llamado ‘aborto eugenésico". El documento, elaborado por el Ministerio de Justicia y que ha sido enviado a algunos organismos junto con el anteproyecto de ley para su análisis, argumenta que con ello se "refuerza" la implementación de la Convención de Protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Impacto de género positivo
El texto con en el que se justifica desprende, como ya lo hace el propio título de la norma (Ley Ogánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer embarazada), una importante carga ideológica. Asegura, entre otras cosas, que la norma tendrá un impacto de género positivo porque apoya la maternidad y que volviendo a un sistema de supuestos, en el que se permite el aborto solo en casos de violación o riesgo grave para la salud de la mujer, no se están restringiendo o limitando los derechos de la mujer.
Sostiene que los numerosos pasos burocráticos y administrativos que la nueva ley prevé para que la mujer pueda acceder a esta prestación sanitaria (un informe que acredite el riesgo grave para su salud firmado por dos médicos, asesoramiento previo y un periodo de siete días antes de la intervención, por ejemplo), en realidad "protegen" su libertad.
Además, el departamento de Ruiz-Gallardón justifica la reforma porque con su ley "se deja de considerar el aborto como un derecho de la mujer y como un método de planificación familiar". Insiste en que se persigue atajar el número de abortos y, sin datos, argumenta que mientras que en España el número de abortos ha subido en el entorno europeo no lo han hecho. Justicia apunta también erróneamente que se ha incrementado esta intervención entre las menores de 19 años. En realidad, según los datos de Sanidad (elaborados con las cifras oficiales de todas las autonomías), los abortos descendieron en 2012 en todas las franjas de edad, pero mientras que en 2011 eran 13,65 por cada mil mujeres de hasta 19 años las que interrumpieron su embarazo, en 2012 eran 12,95. En años en los que estaba en vigor una ley de supuestos, similar pero algo más permisiva a la que ha aprobado el Gobierno, como en 2007 o 2008 no se bajaba de 13,5 por cada mil mujeres de esa edad.
Consultas y opiniones de expertos
En el documento enviado a organismos como el Consejo General del Poder Judicial o distintos departamentos del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Justicia asegura que para redactar su anteproyecto ha tenido en cuenta la jurisprudencia y el derecho comparado, además de distintas opiniones de expertos. Un punto que ha disgustado a organizaciones sanitarias y de mujeres. Algunas por no haber sido consultadas durante la elaboración de la norma. Otras, como la de los expertos en diagnóstico prenatal, porque sus criterios médicos y su opinión no se ha tenido en cuenta.
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