Los sanitarios que ejercen en
el ámbito de la salud sexual
y la reproducción humana
son perfectamente conscientes
de que la embarazada que,
por su circunstancia, toma la decisión
de abortar no dejará de hacerlo
por más restrictiva y culpabilizadora
que sea la ley que regula esa intervención
en su país. El temor, fundado
a partir del propio texto legal, de
que la ley de protección del concebido
que ha elaborado el Gobierno del
PP dejará en la ilegalidad al 95% de
las más de 110.000 mujeres (unas
25.000 en Catalunya) que cada año
abortan en España, ha disparado la
preocupación de ginecólogos, comadronas,
obstetras, psicólogos y
sexólogos que ejercen en centros públicos
de atención a la salud sexual y
reproductiva, hospitales o clínicas
privadas de Catalunya, que alertan
de la arriesgada inseguridad sanitaria
en que se pueden producir numerosos
abortos una vez aprobado
el citado proyecto de ley.
El mismo día en que se difundió
la ley Gallardón, el pasado 20 de diciembre,
ese colectivo, 110 profesionales
agrupados en la Associació de
Planificació Familiar de Catalunya i
Balears (APFCB), empezaron a estudiar
cómo eludir las consecuencias
de dicha contrarreforma, sin por
ello incurrir en actos que el Código
Penal considerará delito. Su acción,
iniciada ya, se dirige tanto al Parlament
de Catalunya –colaborarán en
la elaboración inmediata de una ley
catalana de interrupción del embarazo–
como a trazar redes de ayuda
«extrainstitucional» a las que se podrán
acoger las mujeres que no logren
acreditar que mantener su embarazo
les supone una grave enfermedad.
Así lo exigirá la nueva ley.
«Crearemos nuevos espacios, dentro
o fuera de Catalunya, a los que
podrán acudir las numerosas mujeres
que quedarán desprotegidas
por la ley Gallardón –explica Sílvia Aldavert,
coordinadora de la APFCB–.
Si han de ir al extranjero para interrumpir
su embarazo, acompañaremos
a las que lo necesiten, las asesoraremos
sobre lo más conveniente
para ellas, las ayudaremos en la tramitación
médica y legal y, si es preciso,
financiaremos el proceso».
COMO HACE DÉCADAS / Si lo emprenden
en Catalunya, les facilitarán el
acceso a los dos peritajes médicos
previstos por la nueva ley. Para hacer
sostenibles todas estas iniciativas,
recuperarán el antiguo concepto
de las «cajas de resistencia», es decir,
abrirán cuentas corrientes en las
que podrán depositar su apoyo económico
los ciudadanos que lo crean
conveniente. «Haremos lo que sea
necesario para ayudar a esas mujeres,
en unos momentos en los que lo
pasan muy mal –añade Aldavert–.
Como se hizo hace 40 años. Ahí es
donde nos situará la nueva norma».
En paralelo, y dado que la mayoría
de los profesionales adscritos a la
APFCB ejercen en servicios de la sanidad
pública catalana, buscarán
fórmulas para adaptar las estructuras
asistenciales que ahora ya utilizan
–en aplicación de la ley de salud
sexual y reproductiva del 2010, que
reconoce el derecho a abortar–, sin
incumplir la nueva ley, pero propiciando
«al máximo» que las mujeres
puedan seguir tomando las decisiones
que afectan a su embarazo, prosigue
Aldavert. «Vamos a procurar
por todos los medios que los centros
del Institut Català de la Salut (ICS)
mantengan hasta donde sea posible
el derecho de las mujeres a decidir
sobre su salud sexual y su reproducción», avanzó a este diario Cristina
Martínez, directora del servicio de la
Conselleria de Salut que ofrece esta
asistencia en el área de Barcelona.
INSEGURIDAD MÉDICA / La ley Gallardón
deposita la carga de la responsabilidad
del aborto en los médicos que lo
aprueben y realicen, circunstancia
que ya ha motivado el rechazo público
por parte del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona (COMB). Aprobada
la contrarreforma del PP, la
mujer pasará a ser una «víctima» de
los médicos que hayan intervenido
en el aborto en caso de que se produjera
una denuncia contra dicha interrupción.
Solo los facultativos serían
castigados, con una inhabilitción
profesional de hasta seis años.
«El Gobierno ha de saber que el
colectivo médico es refractario a la
futura ley, que la rechaza, porque
nos sitúa en la posición que ya sufrimos
con la anterior ley del aborto,
de 1985 –afirma Jaume Padrós, vicepresidente
del COMB–. Consideramos
que la ley vigente, la del 2010,
es la menos negativa de las leyes que
pueden existir sobre el aborto, un
asunto íntimo sobre el que solo debería
poder decidir la propia mujer.
El médico no quiere ser el tutor de
las mujeres embarazadas».
HIPOCRESÍA / El COMB ha solicitado
que los estados de la Unión Europea
elaboren leyes reguladoras del aborto
que sean «homogéneas y equiparables
entre sí», para acabar con «las
migraciones» de mujeres, de un país
a otro de Europa, en función de la legislación
disponible sobre el aborto.
«Los legisladores actúan con una
gran hipocresía en este tema –añade
Padrós–, ya que parten del supuesto
de que las mujeres que quieran y
puedan irán al extranjero a abortar.
Eso crea una gran inequidad entre
las mujeres, en función de si son pobres
o tienen dinero para hacerlo».
Los médicos, añade Padrós, se
sienten «más cómodos» con la ley
del 2010 que con la de 1985, que depositaba
en un psiquiatra el certificado
de idoneidad para un aborto (la
proyectada por el Ejecutivo de Rajoy
exige la autorización de dos facultativos).
«Los legisladores de 1985 querían
una ley de plazos, como la del
2010, pero se asustaron e hicieron
un texto hipócrita, que acabó perjudicando
al médico», dice Padrós
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