Diputados de los cinco grupos
políticos que el pasado
septiembre suscribieron
en el Parlament de Catalunya
una resolución abogando
por la elaboración de una ley catalana
sobre interrupción del embarazo
–CDC, PSC, ICV, ERC y CUP– han iniciado
ya contactos para cumplir
aquel compromiso. El objetivo es
disponer de unas líneas directrices,
o de un borrador de articulado, en el
primer trimestre del 2014, con el fin
de someterlo a discusión y eventual
aprobación antes de que entre en vigor
la ley de protección del concebido
del Gobierno de Mariano Rajoy.
La norma legal catalana se denominará
de una forma muy similar a la
ley de salud sexual y reproductiva
que está en vigor en España desde el
2010, y, como aquella, establecerá
El Parlament se
apoyará en el Estatut
del 2006 para elaborar
el nuevo texto
un plazo –posiblemente de 14 semanas–
durante el cual las mujeres tendrán
el derecho de abortar sin estar
obligadas a alegar justificación alguna.
La misión de los diputados catalanes
no será sencilla, ya que la norma
que ha preparado el PP tiene el
rango de ley general, categoría jurídica
que implica que su incumplimiento
está tipificado y castigado
por el Código Penal español.
TODO TRANSFERIDO / El Parlament, informan
fuentes próximas al proceso,
se apoyará en dos elementos jurídicos
para emprender la elaboración
del texto catalán: el hecho de
que desde 1981 la Generalitat dispone
de competencias plenas sobre todo
lo que hace referencia a la salud
de los ciudadanos, y el Estatut de Catalunya
del 2006, que en su artículo
41 establece lo siguiente: «Los poderes
públicos (…) han de velar por que
la libre decisión de la mujer sea determinante
en todos los casos en que
pueda quedar afectada la dignidad,
la integridad y el bienestar físico y
mental, en particular en lo referente
al propio cuerpo y su salud reproductiva
y sexual».
La resolución suscrita por los cinco
grupos parlamentarios dejó constancia
de que, según varios estudios
elaborados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), cuanto
más restrictiva es una ley de interrupción
del embarazo, más abortos
clandestinos suceden y más mortalidad
materna se produce.
La ley catalana, prevén quienes
participarán en su redacción, establecerá
la «obligatoriedad» de que se
imparta educación sexual en la escuela,
y decretará que los principales
métodos anticonceptivos vuelvan
a estar financiados por la sanidad
pública. El Gobierno del PP ha
retirado esta financiación.
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