ONG DE DERECHOS HUMANOS PRESENTAN HOY DOS INFORMES ANTE EL COMITé DE
DERECHOS ECONóMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (COMITé DESC) DE LA ONU
EN LOS QUE SE ALERTA SOBRE LA POSIBLE VULNERACIóN DE COMPROMISOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. ADEMáS, LAS ONG
APUNTAN RECOMENDACIONES CONCRETAS ORIENTADAS A SUPERAR LA ACTUAL
SITUACIóN DE CRISIS RESPETANDO DICHOS COMPROMISOS.
Barcelona/Ginebra/Madrid.- Hoy y mañana tiene lugar la comparecencia
del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este Comité está
encargado de supervisar la situación de los derechos económicos,
sociales y culturales (vivienda adecuada, salud, trabajo digno,
educación de calidad, entre otros) reconocidos en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
de 1966, ratificado por el Estado español en 1977. Cada año,
diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el
cumplimiento de las obligaciones del Pacto. Este año, España está
entre los países examinados.
Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones
representadas por la Asociación Española para el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por los
Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales presentaron informes ante
los miembros del mencionado Comité.
En el curso de este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno
español ha presentado un informe en el que se limita a reproducir la
normativa adoptada durante los últimos años.
Las organizaciones de derechos humanos, han aprovechado la ocasión
para presentar dos informes alternativos sobre la situación de los
derechos sociales en España y han expuesto en persona sus
preocupaciones ante los miembros del Comité DESC.
Todas las organizaciones han coincidido en asegurar que en el
Estado español los derechos económicos, sociales y culturales se
encuentran gravemente amenazados.
Según asegura Marta Mendiola, de Amnistía Internacional España,
“vivimos un momento preocupante. No deberíamos permitir que la
crisis económica se traduzca en una crisis de derechos humanos, pero
es lo que está sucediendo”.
Por su parte, Ignacio Sáiz, Director Ejecutivo del Centro por los
Derechos Económicos y Sociales (CESR, en siglas inglesas), afirma que
“Mientras la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta
el gasto social, afectando así derechos básicos como el derecho a la
educación, a la salud y a una vivienda adecuada”.
Asimismo, Vanesa Valiño, directora del Observatorio DESC,
recuerda que los retrocesos en materia de derechos sociales impulsados
por el gobierno suponen “una vulneración del principio de no
regresividad”, y señala “la deficiente rendición de cuentas por
parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación
real y efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en
materia económica y social”.
Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y
discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a
derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual
situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el
máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales
básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben
además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para
garantizar estos derechos.
PREOCUPACIONES DE LAS ONG
Con respecto al derecho a la vivienda, las organizaciones han
denunciado que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente
para evitar que miles de familias sean desalojadas de sus casas sin
garantía de protección.
Frente a esta realidad, las organizaciones reclaman prohibir de
manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean
ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de
proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de
implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo
a la normativa internacional.
En lo que respecta al derecho a la salud, tanto física como
mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe
el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al
ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para
acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso.
En este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupación
ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará
atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en
situación irregular en caso de urgencias y asistencia al embarazo,
parto y posparto.
Esta decisión supone un retroceso de más de una década en el
disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una
situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro
su derecho a la vida.
Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la
población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales y
alertan sobre la problemática del desempleo que ya afecta a más de
cinco millones y medio de personas.
Manifiestan también su inquietud por la falta de adecuada
protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo,
consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes
existentes.
Además, el Gobierno debe, en coordinación con las comunidades
autónomas, marcar unos criterios comunes de servicios públicos
básicos de asistencia a mujeres afectadas por la violencia. En
ningún caso esos mínimos deberían verse afectados por las medidas
de reducción del gasto público.
Otro gran eje de preocupaciones es el que afecta a la
discriminación que sufre la población gitana, el colectivo
inmigrante, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT y las
personas que sufren discriminación por motivos de género y edad en
el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo, la
vivienda.
Una discriminación que, según la AEDIDH, se debe a dos factores:
por un lado, “las víctimas carecen de información sobre las vías
para obtener reparación y se enfrentan a numerosos obstáculos en el
acceso a la justicia”; por otro, “no existe una política
sistemática de recolección y seguimiento de datos sobre
discriminación, a pesar de la importancia fundamental que estas
herramientas tienen para combatir la discriminación”.
Las organizaciones han planteado su preocupación por los
significativos recortes financieros a la cooperación internacional
para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha
contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a
que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde
con su insuficiente reconocimiento en la Constitución (en donde se
consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos
derechos fundamentales), y con un desarrollo legislativo claramente
insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso
judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos
derechos constituyan una asignatura pendiente.
_Los representantes de las ONG españolas estarán disponibles para
entrevistas:_
– _Marta Mendiola (Amnistía Internacional): +34 600.786.235 [1]
mmendiola@es.amnesty.org [2]_
– _Ignacio Sáiz (Centro por los Derechos Económicos y Sociales):
+34.692.836.864 [3] isaiz@cesr.org [4]_
– _Vanesa Valiño (Observatori DESC): +34.616 46 22 49 [5]
vanesa@observatoridesc.org [6]_
– _Cristina de la Serna Sandoval (AEDIDH) +34.615.564.212 [7]
__cserna@aedidh.org [8]_
Se puede ver la sesión de España ante el Comité en directo en:
http://www.treatybodywebcast.org/ [9]
Nota. La coalición de organizaciones que elaboraron el informe
conjunto son: Center for Economic and Social Rights (CESR),
Observatorio DESC, Asociación Aspacia , Asociación Española para
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la
Confederacion Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental (FEAFES), la Coordinadora de ONG para el Desarrollo
de España, Creación Positiva, la Federación de Entidades de Apoyo a
las Personas sin Hogar (FEPSH), la Fundación Secretariado Gitano, la
Fundación Triángulo, Médicos del Mundo, Movimiento Cuarto Mundo
España, la Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización
de la ONCE (PUEDO), Provivienda, Red Activas, la Red de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la Red Española contra la
Trata de Personas y Save the Children. El segundo ha sido elaborado
por Amnistía Internacional.
Links:
——
[1] http://serviciodecorreo.es/tel:%2B34%20600.786.235
[2] mailto:mmendiola@es.amnesty.org
[3] http://serviciodecorreo.es/tel:%2B34.692.836.864
[4] mailto:isaiz@cesr.org
[5] http://serviciodecorreo.es/tel:%2B34.616%2046%2022%2049
[6] mailto:vanesa@observatoridesc.org
[7] http://serviciodecorreo.es/tel:%2B34.615.564.212
[8] mailto:cserna@aedidh.org
[9] http://www.treatybodywebcast.org/