Ante las recientes declaraciones sobre un posible cambio en la Ley de salud sexual y
reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Leyes más restrictivas no reducen el número de abortos
• El aumento de las dificultades en el acceso al aborto conlleva un incremento de las
inequidades y de las intervenciones clandestinas.
• El Gobierno se va a poner a si mismo ante la tesitura de volver a ser permisivo
generando inseguridad jurídica o meter a miles de mujeres en la cárcel.
• Según las encuestas, la mayoría de los españoles y españolas están a favor de una ley
de plazos.
Madrid, 2 de febrero.‐ Ante las recientes declaraciones del Gobierno que apuntan a un posible
cambio en la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo,
la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) quiere recordar que las leyes más
restrictivas no limitan el número de interrupciones inducidas, tal y como avalan los datos
científicos
Por el contrario, son los países europeos con leyes de plazos y un mayor acceso a
la anticoncepción y a la educación sexual los que presentan una menor incidencia de los
abortos.
“Si queremos reducir el número de abortos hay, tal y como reza la actual ley, asegurar que la
educación sexual se incorpora en los currículos académicos y se imparte en la escuela primaria
y secundaria”, declara Isabel Serrano, presidenta de la FPFE al tiempo que recuerda que más
barreras a métodos anticonceptivos como la píldora del día después, “no solucionan el
problema, lo incrementan”.
Las historias de vida de las mujeres que la FPFE lleva atendiendo desde hace un cuarto de siglo
demuestran que quien necesita abortar lo hace y que volver a una ley más restrictiva sólo lleva
a intensificar el dolor de aquellas en una situación de vulnerabilidad y pobreza. “Quien pueda
pagarse un aborto siempre lo va a poder hacer, esto es generar inequidades, castigar a los que
menos tienen y alentar las mafias de abortos clandestinos”, continua Serrano.
Volver a penalizar el aborto, tal y como establece la Ley de 1985, es crear inseguridad jurídica
para cualquier mujer o profesional que, acogiéndose a un supuesto despenalizador, pase por
una interrupción al poder ser posteriormente cuestionados y encausados. Para la FPFE, el
Gobierno quiere volver a convertir en ilegal algo que debe reconocer que pasa en esta
sociedad y “se va a poner a si mismo ante la tesitura de volver a ser permisivo generando
inseguridad jurídica o meter a miles de mujeres en la cárcel”.
El sistema de supuestos conlleva delegar la autoridad de mujeres sobre otros que serían los
que tendrían potestad para justificar las intervenciones. Paradójicamente la legislación
reconoce que las mujeres pueden votar o presidir el país sin tener que pedir autorización a un
psiquiatra. “Tener un hijo o hija es algo con infinitamente más implicaciones para la persona y
la sociedad y ninguna mujer tiene que dar permiso para ello?”, acaba Serrano.
La FPFE quiere destacar que las encuestas demuestran que la mayoría de la población está a
favor de una ley de plazos: el 62% considera que el aborto debería ser legal en el primer
trimestre de embarazo (porcentaje que sube hasta el 77% entre los que tienen entre 18 y 29
años).
Más información y declaraciones:
Patricia Morcillo‐ 91 591 34 49 ‐ info@fpfe.org