Las mujeres catalanas que deciden abortar están optando de forma mayoritaria por la vía pública, prevista en la ley de salud sexual y reproductiva del 2010, que incluyó la interrupción voluntaria del embarazo en el catálogo de prestaciones financiadas por la Generalitat. Casi 5.000 mujeres, más de un 60% de las que han abortado desde que el pasado julio entró en vigor la nueva normativa, han seguido los trámites previstos en la norma: si su embarazo no superaba las 14 semanas de gestación acudieron a una clínica acreditada por la Conselleria de Salut, donde (de forma excepcional, solo en Catalunya) pagaron los 350 euros, de media, que cobran por un aborto sin complicaciones. Ese dinero les será reembolsado por el Servei Català de la Salut, aunque hasta ahora menos del 10% han cobrado ya.
La posibilidad de interrumpir un embarazo con la píldora abortiva RU-486, tratamiento que ofrecen de forma experimental seis de los 42 centros de salud sexual y reproductiva de Catalunya, está teniendo poca aceptación, contra lo esperado por los anteriores gestores de Salut, que preveían absorber con ese método hasta un 50% de abortos. Solo 70 mujeres han solicitado este tratamiento.