El País, 29/11/2010.
Ana tendría que haber esperado al menos tres semanas para poder interrumpir su embarazo. Ese era hasta hace unos días el tiempo medio de espera en la Comunidad de Madrid para que una mujer fuese escuchada en la Unidad de IVE de este territorio. A Ana no le salían las cuentas, estaría de 16 semanas cuando su caso fuese atendido y no podría acogerse a la interrupción por voluntad de la mujer (contemplada hasta la semana 14). Ana sintió que su decisión se desmoronaba, abrió el sobre de información que le habían entregado (imprescindible para acceder a la prestación) y buscó ayuda. Nada. Del listado de 30 organizaciones todas eran contrarias al aborto. Contrarias a su decisión. Al final, Ana renunció a la gratuidad e interrumpió su gestación de manera privada. La situación de cientos de mujeres como Ana ha llevado a la Comunidad a reforzar estos días su Unidad de IVE, de tres funcionarias asignadas han pasado a cinco. Aún insuficientes para una comunidad que registra más de 20.000 interrupciones al año.
Patricia ha oído muchas veces desde su habitación los insultos que se dirigen a diario contra los médicos de la clínica y ha pensado mucho en lo que sentirían las mujeres que atravesaban la puerta bajo esa cascada de gritos. Nunca pensó que fuese a ser una de ellas. Y no lo será. Pues pese a que ha decidido interrumpir su embarazo no podrá hacerlo en León, su ciudad. No porque no haya centros, uno de ellos está tan solo a 50 metros de su casa. Sino porque en su ciudad las mujeres que necesitan que la sanidad pública sufrague su intervención deben marcharse a Madrid. Patricia no lo entiende, si viviera en Valladolid, en otra provincia de su misma comunidad, no tendría que marcharse, pero en León han decidido concertar todas las intervenciones con la capital, aunque haya centros y profesionales en este territorio que podrían hacerlo hasta la semana 14 de gestación, el 90% de las interrupciones.
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