Tras conocer los Decretos de Desarrollo Parcial relativos a la Prestación Sanitaria de Aborto Provocado, aprobados hoy por el Consejo de Ministros, ACAI considera que
“LA LEY SERÁ DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO, AL NO ESTABLECERSE LOS MECANISMOS MÍNIMOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN”
“ACAI LAMENTA QUE EL ESPÍRITU DE LA LEY SE VEA MINADO POR EL DESARROLLO REGLAMENTARIO”
Madrid, 25 de junio de 2009. Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, los decretos aprobados hoy dejan sin resolver los elementos fundamentales para poder realizar la prestación, lo que impedirá garantizar cuatro de los objetivos básicos que perseguía la ley:
– La interrupción de la gestación por voluntad propia de la mujer hasta la semana 14.
– La gratuidad e igualdad de acceso a la prestación en todo el territorio.
– La confidencialidad e intimidad para la mujer que accede al recurso de Aborto Provocado.
– La seguridad jurídica de mujeres y profesionales.
Dado que la normativa establece que “a la mujer se le hará entrega en cualquier centro sanitario público o privado acreditado para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo de un sobre cerrado elaborado y editado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde vaya a practicarse la intervención”; ACAI duda que las Consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas consigan elaborar el contenido, editar el material y distribuir el mismo a todos los centros de las respectivas comunidades autónomas, cuando tan solo falta una semana para la puesta en vigor de la ley.
En consecuencia, ACAI considera que será imposible cumplir en todo el territorio con el precepto legal que obliga a entregar a todas las mujeres, que desean interrumpir su gestación hasta la semana 14, el sobre informativo de carácter obligatorio.
Como consecuencia de lo anterior, la mujer no podrá interrumpir su gestación por “voluntad propia” hasta la semana 14, vulnerando así uno de los principios fundamentales de la ley.
Por otra parte, hasta el momento no se ha establecido ningún acuerdo ni concierto de derivación entre las Consejerías de Sanidad de las respectivas comunidades autónomas y los centros acreditados, salvo en la Comunidad Autónoma de Andalucía; donde ya se encuentra consolidado un modelo de concertación. Esta circunstancia implica que no se encuentran establecidos los cauces que la mujer ha de seguir para poder acceder a la prestación de manera gratuita y en condiciones de equidad.
Dicho lo cual, los centros acreditados pertenecientes a ACAI informarán a las mujeres que acudan a sus clínicas, de que tienen derecho a exigir la retribución de la prestación al Sistema Sanitario Público, facilitándoles asesoramiento, así como, todas las facturas y justificantes que puedan necesitar en la exigencia de su derecho.
Pese a que ACAI facilitó al Ministerio de Sanidad un modelo de codificación de los datos personales de las mujeres con el objetivo de asegurar su confidencialidad e intimidad. Dicho modelo no solo no ha sido validado, sino que la Administración no ha establecido un sistema de codificación alternativo. Ante lo cual, los centros no podrán asegurar la confidencialidad en los términos exigidos por la ley.
A pesar de que los centros solicitaron reiteradamente tanto al Ministerio de Igualdad como al de Sanidad, que se definiera claramente como habría de realizarse el computo de las semanas de gestación, si desde la fecha de la última menstruación o desde el inicio real del embarazo, es decir desde la anidación; desde ambos ministerios se ha hecho caso omiso a dicha petición. Ante lo cual y para garantizar la seguridad jurídica de mujeres y profesionales, los centros acreditados valorarán si adoptan o no un cómputo restrictivo basado en la amenorrea, lo que supondría restar dos semanas a todos los plazos legales establecidos, con el objetivo de garantizar las seguridad jurídica tanto a las mujeres como a los profesionales.
Asimismo, pese a que la normativa exige un nuevo modelo de consentimiento informado, éste no ha sido aún facilitado a los centros, abriendo con ello un nuevo agujero jurídico en la seguridad de mujeres y profesionales.
ACAI no quiere dejar asimismo de advertir que los decretos restituyen “de facto” el permiso paterno/materno para interrumpir la gestación de las menores de 16 y 17 años, al tener éstas no solo que informar a sus progenitores, tal y como establecía la ley, sino tener que acudir acompañadas por estos al centro sanitario, como ahora exige el decreto.
Ante la gravedad de la situación, ACAI valorará en los próximos días la convocatoria urgente de sus vocales para estudiar las posibilidades reales de aplicar la norma el próximo día 5 de julio, y tomar las medidas oportunas.
Nota: Para ampliar esta comunicación pública, pueden contactar con Francisca García, Vicepresidenta de ACAI 618263414; Empar Pineda, Vocal de ACAI en Madrid, Clínica Isadora, 639474664 o Eva Rodríguez, Vocal de ACAI en Andalucía, Clínica El Sur, 699 088118.