San Salvador, 20 abr (EFE).- La ausencia de una política de salud integral en las cárceles salvadoreñas enfrenta a las reclusas con VIH/sida a grandes obstáculos para acceder a tratamientos, por lo que ya se elabora un programa piloto para mejorar su atención médica.
‘En el 2007 supe que tenía VIH, pero no quiero que me hagan más exámenes porque no quiero saber que desarrollé el sida. No sé si acá pueda sobrevivir’, dijo a Efe Marisol García, una joven de 25 años a quien la insistencia de su esposo en tener hijos la llevó a fingir un embarazo e intentar robar el bebé de una vecina, delito por el que fue condenada a nueve años de prisión.
Marisol es miembro del grupo de apoyo del Centro de Readaptación de Mujeres del municipio de Ilopango, ubicado unos nueve kilómetros al este de San Salvador y en el que unas 20 reclusas diagnosticadas con VIH, entre una población total de 1.500 internas, se reúnen para hablar de su condición.
En estas reuniones, según la joven, se ha detectado que uno de los principales temores de las reas con VIH es al rechazo.
De hecho, pese a que han pasado tres años desde que fue diagnosticada, Marisol no se lo ha informado a su ex esposo, quien ya tiene una nueva pareja y puede estar infectado.
‘Yo tuve una relación extramatrimonial y estoy segura que ahí me contagié. Yo no soy capaz de decirle eso a mi ex esposo, me da miedo, prefiero que se entere por otras personas’, aseguró.
Como ella, muchas de estas mujeres le ocultan a sus padres, parejas o hijos que son portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) por miedo a ser criticadas o a que nunca vuelvan a visitarlas.
La mayoría de ellas afirma que las condiciones en las cárceles son muy difíciles para una persona enferma, debido a los problemas de hacinamiento, carencia de personal médico y falta de recursos para su desplazamiento a los centros médicos, entre otros.
‘Sólo hay un vehículo en la cárcel, que se usa para todo. Muchas veces está ocupado y no nos pueden trasladar al hospital y perdemos las citas’, se quejó Claudia, de 31 años, que también ha sufrido tuberculosis, hepatitis y estuvo en coma varios meses.
En esto coincide la coordinadora del programa de VIH en centros penitenciarios de El Salvador, Ana Estela Parada, quien señaló a Efe que ‘la salud para las personas privadas de la libertad nunca ha sido prioridad, ni aquí, ni en ningún país, pero eso es lo que se intenta cambiar’.
Precisamente, estos grupos de apoyo forman parte de un proyecto piloto que se lleva a cabo en varios centros penitenciarios de El Salvador, con recursos del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y con el que se pretende mejorar las condiciones de vida los presos con VIH/sida.
El proyecto, que exige la coordinación entre los ministerios de Justicia y de Salud, incluye la capacitación de reclusos para que actúen como ‘consejeros’ dentro de los penales en áreas de prevención, factores de riesgo y de motivación, para que sus compañeros se hagan la prueba del VIH.
Es difícil establecer la prevalencia de la enfermedad, ya que no toda la población carcelaria accede a someterse a la prueba. Se calcula que, de los 22.000 reclusos que hay en las 19 cárceles salvadoreñas, algo más de la mitad se la ha hecho, y de ellos, un 2 por ciento es seropositivo (más de 200 personas).
Mientras, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) estima que la prevalencia puede llegar al 6%.
Según Parada, la atención de este virus en las cárceles no había sido considerada un tema de atención prioritaria, por lo que los recursos son escasos aún.
Esto, sumado a las condiciones sanitarias, de infraestructura y de hacinamiento (el número de presos casi triplica la capacidad de los penales), hace que la población carcelaria sea altamente vulnerable al VIH y a otras enfermedades infecto-contagiosas.
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