ACAI MUESTRA SU SATISFACCIÓN ANTE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. UNA NORMA QUE RECOGE GRAN PARTE DE SUS PROPUESTAS.
Tras este paso, ACAI pide a los Gobiernos Autonómicos que no obstaculicen la aplicación efectiva de la norma, al tiempo que solicita al Gobierno que la incorporación de la prestación sanitaria de Aborto Provocado al Sistema Público no suponga una merma en la calidad de la prestación.
Los/as profesionales de los centros acreditados consideran imprescindible que la prestación sea normalizada para poder seguir garantizándola.
Madrid, 24 de febrero de 2010. Los/as profesionales de los centros acreditados quieren manifestar su satisfacción por el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas parlamentarias, al tiempo que felicita al Ministerio de Igualdad por haber sido promotor de dicho consenso político y social. Un acuerdo que reconoce por primera vez a las mujeres su derecho a decidir sin tutelas sobre su maternidad.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del Embarazo aboga porque la voluntad de conseguir la “mejor ley posible” se mantenga en el desarrollo reglamentario de la norma.
Tras la aprobación de esta ley, ACAI pide a los Gobiernos Autonómicos que no obstaculicen la aplicación efectiva de la nueva legislación desde su capacidad de gestión sanitaria. En este sentido, se pide al Gobierno que desde los instrumentos de consenso, como el Consejo Interterritorial de Salud, se fomenten protocolos de actuación sanitaria comunes que garanticen la calidad, la gratuidad y la equidad en el acceso a la interrupción del embarazo en todo el territorio y para todas las mujeres, de otro modo se estaría vulnerando el espíritu de esta ley.
Ante la inexistencia de unidades públicas especializadas en Aborto Provocado, los/as profesionales de ACAI piden que la asunción de esta prestación por parte del Sistema Nacional de Salud no obvie el carácter diferencial del Aborto Provocado. La interrupción de la gestación es una práctica sanitaria específica que tiene protocolos propios de actuación, técnicas concretas y que requiere de unidades especializadas para su realización. En consecuencia, pedimos al Ejecutivo y a los Gobiernos Autonómicos que consideren estas circunstancias para no mermar la calidad de la prestación en términos sanitarios, médicos y humanos; que no se perjudique en definitiva a la mujer que accede al Aborto Provocado. Pedimos además que se ponga un énfasis especial en mantener el protocolo de acompañamiento psicológico, personal y humano que los centros tienen establecidos.
Asimismo, ACAI quiere advertir que debido a que la interrupción de la gestación es una práctica no normalizada por el Sistema Nacional de Salud, existe una clara reticencia a la realización de abortos por parte de los médicos y ginecólogos de la Sanidad Pública que no encuentran proyección profesional en su práctica. Por lo que consideramos que independientemente de la necesaria formación de los/as profesionales y de la regulación de la objeción de conciencia, es imprescindible normalizar la práctica si realmente queremos asegurar que en este país siga habiendo médicos comprometidos con este derecho básico de la mujer. De no hacerlo, podemos encontrarnos con que la prestación acabe siendo realizada por médicos que no quieren realizar abortos y que de hacerlo lo harán de manera obligada y aplicando conocimientos obstétricos que nada tienen que ver con las técnicas específicas de aborto provocado.
Por último, ACAI quiere mostrar su solidaridad con el senador, Roberto Lertxundi, quien ha tenido que ejercer su deber y derecho democrático como cargo público legítimamente elegido, bajo la presión de aquellos/as que priorizan la imposición de su moral frente a los valores legal y democráticamente defendidos.
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