ACAI CONSIDERA QUE “CALIFICAR EL ABORTO PROVOCADO EN NUESTRO PAÍS COMO ABORTO LIBRE ES IMPUTAR A LOS PROFESIONALES Y A LAS MUJERES EL EJERCICIO Y LA PRÁCTICA DE UNA ACTIVIDAD ILEGAL” lo que supone una acusación muy grave, ya que en España las mujeres que acceden a esta prestación y los profesionales que la facilitan “tienen que demostrar” que su caso está contemplado por una ley que exige un motivo documentado y la autorización de terceras personas.
Los centros acreditados por la Administración Sanitaria solicitan al Consejo que pida responsabilidades a los legisladores, de uno y otro signo, que aprobaron y no modificaron la ley en 23 años, y no a quienes han facilitado una prestación reconocida, que no normalizada, por el Sistema Nacional de Salud; no a quienes denunciaron en esos 23 años las lagunas y dificultades de la legislación vigente.
Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, resulta lamentable que cuando el Consejo de Estado alude a una supuesta interpretación “laxa” de la ley, obvie en dicha reflexión que los profesionales de los centros acreditados ajustan su actividad a la definición concreta y clara que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece de la salud, entendida no solo como la ausencia de enfermedades sino como el bienestar físico, psíquico y social.
Es posible que los miembros del Consejo de Estado, todos hombres, ignoren que la Asociación de Psiquiatría Americana clasifica las consecuencias de un embarazo no deseado para la mujer como nivel grave de estrés psicosocial, según su última clasificación de enfermedades mentales (el DSM IV), contemplando, entre otras, la aparición de las siguientes patologías: ansiedad generalizada, trastorno mixto ansioso depresivo, depresión neurótica…
Obviar esta realidad que afecta a miles de mujeres es considerar su decisión, siempre difícil y compleja, como una decisión irresponsable. Una calificación que como profesionales que atendemos a estas mujeres no podemos ni compartir, ni tolerar.
Los profesionales de los 35 centros acreditados que integramos ACAI consideramos paradójico e incongruente con sus propias conclusiones que el Consejo de Estado considere que en España la interrupción de la gestación es un recurso “libre”, para después hacerse eco de una de las situaciones denunciadas continuamente tanto por el movimiento feminista como por la propia ACAI: La inequidad en el acceso a esta prestación sanitaria. Es decir, el periplo médico y vital que tienen que vivir muchas mujeres en función del lugar de España donde residan, resulta poco compatible con la idea de aborto libre que defiende el Consejo de Estado.
Es necesario recordar a los miembros del Consejo de Estado que las leyes “laxas”, para nosotros progresistas, no incrementan el número de abortos. Tal y como demuestra Holanda, país que con la ley más avanzada en materia de Aborto (se permite la interrupción hasta la semana 24 de gestación-límite aproximado de viabilidad fetal) tiene la tasa de abortos más baja de la Unión Europea, debido entre otros aspectos a que su sistema educativo incluye la educación sexual como asignatura del currículum escolar.
Desde ACAI pedimos al Consejo de Estado que sea riguroso en sus afirmaciones ya que en 1976, cuando el aborto estaba penalizado en todos los supuestos, se realizaban en torno a 100.000 interrupciones. En consecuencia, no podemos admitir que la cifra de aborto provocado se haya incrementado de manera vertiginosa, bien al contrario la cifra absoluta se ha venido manteniendo. Y ello pese a que las mujeres en edad reproductiva han pasado en nuestro país desde las 9.566 431 mujeres registradas en 2006 a las 9.759 664 de 2007, es decir un incremento de casi 200.000 mujeres en edad fértil”. Y ello pese a que la llegada masiva de población foránea a nuestro país ha situado el porcentaje de mujeres inmigrantes que interrumpen su gestación en nuestro país en torno a un 40%, y eso pese al adelanto de la edad de la menarquia y de la edad de inicio en las relaciones sexuales, entre otros factores.
Como profesionales comprometidos con las circunstancias que una mujer afronta en un Aborto Provocado, nos resulta “inquietante” que las circunstancias vitales de las mujeres obligadas a salir de su país para interrumpir su gestación sean calificadas frívolamente de “turísticas” por el Consejo de Estado. En este sentido, nos gustaría recordarles a los miembros del Consejo, que en España cada año cientos de mujeres se ven obligadas a salir al extranjero cuando les es diagnosticada una malformación grave, en muchos casos incompatible con la vida, más allá de la semana 22. Recordarles que el Sistema Nacional de Salud diagnostica estos casos pero no los resuelve, teniendo estas mujeres que abandonar su país en circunstancias más cercanas al “éxodo abortivo” que a los “viajes de placer”
Desde ACAI, pedimos al Ejecutivo que en su anteproyecto de ley contemple la realidad “real” de las mujeres, que sopese las circunstancias en las que se lleva a cabo la interrupción del embarazo y no una versión mediatizada de la misma. Dado que hemos perdido la oportunidad histórica de legislar en nuestro país una ley de Aborto Provocado acorde con la legislación europea más avanzada, no articulemos una ley que suponga un paso atrás en los derechos conquistados de las mujeres españolas.
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