PALMA | I. OLAIZOLA El conseller de Salud, Vicenç Thomàs, quiere agilizar las intervenciones de abortos en los centros sanitarios públicos de Balears ya que, según los últimos datos estadísticos del ministerio de Sanidad, 3.494 mujeres empadronadas en el archipiélago se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 2007 y sólo 132 de ellas (3,7%) recurrieron a la sanidad pública para ello.
«No hay que olvidar que cuando una mujer toma la decisión de abortar se trata de una determinación difícil, adoptada con muchos reparos y tras muchas dudas, por lo que en definitiva está buscando una solución rápida al problema y, hoy por hoy, la sanidad pública no le puede ofrecer la misma inmediatez que las clínicas privadas», admite el conseller.
«Normalmente, cuando una mujer quiere interrumpir su embarazo se dirige en primer lugar a su médico de cabecera, que la remite al ginecólogo y éste, dependiendo del supuesto para abortar al que se quiera acoger la demandante según la actual legislación, probablemente la remita a un psicólogo. Todo este proceso se dilata mucho en el tiempo, que es lo último que quiere una mujer en esta difícil situación», continúa Thomàs.
Derivar pacientes
«Por eso recurre a las clínicas privadas. Nuestro trabajo tiene que pasar por mejorar la accesibilidad de las usuarias, agilizar el proceso para que puedan abortar en las instalaciones sanitarias públicas», promete el conseller, que no descarta la posibilidad de llegar a conciertos económicos con los centros privados para derivar pacientes, posibilidad que ya ha sido barajada en otras ocasiones, ya que, confiesa, «probablemente no podríamos atender el actual volumen de intervenciones que se practican en la comunidad».
Sobre la objeción de conciencia a la que se suelen acoger los profesionales de la sanidad pública para negarse a realizar este tipo de intervenciones, Thomàs, en línea con la reforma de la legislación que se está planteando en estos momentos, recalca que «no puede haber centros sanitarios objetores de conciencia».
La reforma del aborto quiere clarificar el ejercicio de la objeción de conciencia, que en ningún caso podrá ser invocada en los centros sanitarios públicos. Correspondería a las autoridades sanitarias velar por la efectividad de esta prestación y, si un médico se negase a practicarla, correspondería al centro proponer a otro.
El conseller, que recuerda el dato de que Balears, porcentualmente, es tras Madrid la segunda comunidad con la tasa más elevada de abortos, recalca que es necesario apostar por la educación sexual para reducir el número de interrupciones del embarazo, «sobre todo con el colectivo de inmigrantes procedentes de América Latina y con las adolescentes. Estas tienen que adquirir la habilidad para saber negarse a mantener relaciones sexuales sin preservativo».
Admite que un inconveniente es que la mayoría de los anticonceptivos orales no estén financiados por la sanidad pública pero recuerda que Balears sí sufraga la dispensación de la píldora del día después.
Sobre la reforma de la ley del aborto que se está discutiendo en la actualidad, el conseller recalca que lo que se pretende es «el aborto salga del código penal y se regule en el marco de un ley sobre derechos y salud sexual y reproductiva. En definitiva, que la mujer tenga la capacidad para decidir por sí misma si quiere o no seguir adelante con su embarazo». Como recuerda Thomàs, en la actualidad, en los tres supuestos en que el aborto está despenalizado se requiere un dictamen médico previo.