Hoy inicia su andadura un renovado Tribunal Constitucional con amplia mayoría del sector progresista y con la misión de resolver asuntos tan espinosos y de gran repercusión política y social como los recursos del PP contra la ley de plazos para el aborto, la norma que hace cinco años hizo posible el matrimonio homosexual o la ley que prohibió las corridas de toros en Cataluña.
Los cuatro magistrados entrantes, designados por el Senado, juraron y prometieron ayer sus cargos ante el rey y hoy ocuparán sus despachos en el tribunal. En el mismo acto se despedirá la presidenta de los últimos seis años, la catedrática progresista María Emilia Casas, y los magistrados conservadores Guillermo Jiménez, vicepresidente de la institución, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde.
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Las sillas vacantes del pleno las ocuparán dos catedráticos propuestos por el PSOE, Adela Asúa y Luis Ortega, y otros dos juristas promovidos por el PP, Francisco Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo, y el catedrático Francisco Pérez de Cobos. La renovación dejará un tribunal compuesto por siete magistrados de tendencia progresista y cuatro de sensibilidad conservadora, una correlación de fuerzas distinta a la actual, con seis progresistas y cinco conservadores.